Notícias

23/12/2011 - Gobierno es el mayor financiador de las multinacionales de coches en Brasil

En el momento en que la industria automotriz (fabricante de vehículos y componentes) se prepara para realizar inversiones que pueden pasar de R$ 65 mil millones en los próximos cinco años, sería el caso de preguntarse de dónde vendrá todo ese capital. Las empresas dicen que parte vendrá de la propia caja y de bancos internacionales – probablemente, la menor de las partes, dado el escenario internacional adverso.

Lo que les gusta comentar a las corporaciones abarcadas es que el mayor volumen, con rarísimas excepciones, vendrá de fuentes públicas, sea por medio de financiaciones de bancos públicos, como el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), o por la oferta de generosos incentivos presupuestarios y tributarios de los gobiernos estatales y federal.

Básicamente, eso quiere decir que Brasil está pagando para que esa industria crezca aquí. Por lo tanto, la discusión pasa, o debería pasar, sobre cuánto incentivo debe ser concedido para que esas empresas realicen inversiones en el país. Es en ese punto que surge el problema de la falta de transparencia con el uso de dinero público (o sea, de todos nosotros) para financiar emprendimientos privados.

Las empresas son verdaderas cajas negras protegidas en buena medida por el propio gobierno, que hace gran alarde sobre la instalación de fábricas, con derecho a recepciones de ejecutivos por parte de los presidentes y gobernadores en sus palacios para anuncios de inversiones, que tiempos después dan lugar a tribunas montadas para inauguraciones, transformadas en eventos de captación de bonos políticos. Sin embargo, no se hace nada cuando se trata de revelar cuáles y cuántos incentivos con dinero público son concedidos a esos emprendimientos, que muchas veces superan el total a ser invertido.

Quedan sin respuestas algunas preguntas importantes. ¿Cuánto dinero público es dado a esas empresas? ¿Por qué? ¿Ellas de hecho precisan de eso o harían más fábricas aún sin incentivos? ¿El mercado brasileño no es suficientemente grande para que las corporaciones puedan vivir sin tantos incentivos? ¿Por qué nadie presta cuentas de ese dinero? Y si no hay nada de errado con eso, ¿por qué los beneficios son negociados en gabinetes cerrados?

Aún más: ¿esa falta de transparencia no va directamente contra los principios de ética y responsabilidad social corporativa que todas esas compañías dicen seguir estrictamente?

Ejemplos del pasado

Como no existe transparencia pública ni privada sobre los incentivos recibidos por las montadoras, es imposible calcular exactamente cuánto ellas reciben, pero es posible realizar aproximaciones por medio de algunas cuentas, basadas en las leyes que crearon esos beneficios (casi siempre incompresibles para la plebe pagadora de impuestos), y utilizando la ayuda de encuestadores que levantaron datos.

En su disertación de maestría en la Unicamp, la economista Maria Abadia Silva Alves realizó un interesante levantamiento sobre la guerra fiscal entre Estados para atraer montadoras en los años 1990. El trabajo fue presentado hace exactamente diez años, en noviembre de 2001. La economista levantó que los incentivos estatales fiscales (descuentos en tributos) y presupuestarios (infraestructura, terrenos, capital de giro etc.) ofrecidos en aquella época para instalación de fábricas de Mercedes-Benz en Juiz de Fora (MG), Renault en São José dos Pinhais (PR) y General Motors en Gravataí (RS), sumaron R$ 1,8 mil millones, mientras que las inversiones de las tres fueron de R$ 1,65 mil millones.

Según los cálculos de la economista, Renault invirtió R$ 1 mil millones en la fábrica paranaense y recibió incentivos de R$ 353 millones, más la inversión del gobierno de Paraná, que habría comprado US$ 300 millones en acciones de la empresa – lo que no puede ser contabilizado como beneficio. GM colocó R$ 600 millones en Gravataí, mas recibió R$ 759 millones. (Automotive Business/Pedro Kutney)

Fuente: Automotive Business / Foundry Gate